La cultura de derechos humanos no es un suplemento decorativo del Estado moderno, sino su fundamento de la dignidad. En contextos donde la institucionalidad puede fragmentarse se hace más que necesario direccional el enfoque estatal hacia los pilares esenciales de las garantías de todos: los derechos humanos. Estos deben dejar de ser tratados como “temas” y pasar a ser el eje transversal de toda política pública. Enhorabuena que se instrumentaliza como garantía institucional el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que asume la responsabilidad de coordinar las políticas sobre el tema dentro del ámbito gubernamental. Como sociedad, estamos ante un momento único: una transición estratégica, urgente y necesaria, de la retórica de derechos a su implementación institucional.
En muchos estados, los derechos humanos se mencionan en discursos, pero muchas veces no se formalizan como doctrina . Se los invoca como reacción, no como componente esencial.
Una cultura de derechos humanos no es una colección de normas ni una serie de gestos institucionales o proclamas oficiales e internacionales Es una forma de vivir la dignidad como práctica cotidiana, Es el modo en que una sociedad decide no tolerar la exclusión, no normalizar la injusticia, no discriminar los derechos en favor de unos y en invisibilizacion .
Aunque contamos con un órgano constitucional como el Defensor del Pueblo y tenemos garantías normativas en el catálogo de derechos de nuestra carta política, aún falta un ámbito gubernamental que impulse, promueva, eduque y proteja esta cultura como política pública. La Estrategia Nacional de Desarrollo establece el eje de promoción y tutela de derechos, pero requiere ser corregida y ritualizada desde una perspectiva territorial, pedagógica y doctrinal.
Por eso, institucionalizar los derechos humanos y por ende la dignidad, libertad e igualdad, se exige un plan mínimo de acción: Que cada institución involucre la educación en derechos humanos en sus planes, e estos permitan evaluar y corregir prácticas excluyentes, territorializar la promoción de derechos, la formación especializada y constante en esta temática a funcionarios, docentes, militantes sociales, dirigentes comunitarios y operadores jurídicos en la cultura de derechos humanos como pedagogía y promoción no solo como defensa y exigibilidad
Transitar hacia una cultura de derechos humanos como política pública significa expandir la dignidad humana como arquitectura institucional, ya que no tan solo es una meta, sino también el trayecto